Impagos en los Peajes de las Autopistas

Con fecha 1 de Enero de 2013 se procedió a modificar la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión, con la finalidad de convertir en agentes de la autoridad a los empleados de las autopistas y poder multar a los infractores que circulen por tales vías.

Con esta modificación, los usuarios de las autopistas están obligados a abonar el importe del peaje que corresponda según la tarifa aprobada, y su impago constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción de acuerdo con la normativa de la Ley de Tráfico, previa denuncia de los agentes de policía encargados de la vigilancia del tráfico o del personal de la empresa concesionaria.

Así mismo, se establece que en situaciones excepcionales que así lo requieran, y en ausencia de los agentes públicos competentes, los empleados de autopistas podrá adoptar las disposiciones necesarias a fin de regular y ordenar el tráfico, formulando en su caso las denuncias procedentes y quedando investidos temporalmente con carácter de autoridad pública.

Para poder acreditar las denuncias, los peajes, tanto manuales como automáticos, podrán utilizar cualquier medio para identificar a los vehículos infractores, concretamente se podrán instalar cámaras que identifiquen a tales vehículos.

Otro de los aspectos relevantes de las modificaciones introducidas es que si el conductor no se identifica, la multa se imputará al propietario del vehículo.

Novedades en la Ley que regula las Tasas Judiciales

El 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la nueva “Ley de tasas judiciales” en el ámbito de la Administración de Justicia, Ley que ha sido modificada en algunos aspectos el mes de Febrero del año en curso.

Esta Ley incorpora una serie de cambios y novedades con respecto a la legislación anterior efectuándose una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos afectados por la misma, alcanzando no sólo a las personas jurídicas sino también a las personas físicas. En concreto, la nueva Ley de tasas afecta a los procedimientos civiles, a los procedimientos de la jurisdicción Social o Laboral y a los Contencioso-Administrativos, quedando exenta la Jurisdicción Penal y la Militar.

No obstante, la Ley contempla determinadas exenciones de carácter objetivo entre las que destacan:

  • la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros.

  • la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. la interposición de demanda y ulteriores recursos relacionados con los procesos sobre capacidad, filiación y menores.

  • los procesos matrimoniales que se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra y aquéllos que versen exclusivamente sobre la guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

  • la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

Y exenciones de carácter subjetivo como por ejemplo:

  • las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

  • el Ministerio Fiscal, Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

Las tasas se componen de una cantidad fija en función del procedimiento judicial de que se trate, y una cantidad variableen función de la cuantía de dicho procedimiento. En cualquier caso hay que indicar que, cuando se trate de recursos contencioso-administrativos que tengan por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa no podrá exceder del 50% del importe de la sanción económica impuesta. Asimismo, cuando el sujeto pasivo sea persona física el límite de cuantía variable será de dos mil euros.

Cabe señalar que se efectuará una devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa cuando tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en los supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante.

Medidas urgentes para reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios

Con el fin de paliar los efectos de la situación de sobreendeudamiento de las personas físicas, se aprueba el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, cuyo objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata, y por un plazo de dos años, de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria que se inicie a partir de la entrada en vigor de la norma, siempre que no se hubiera llevado acabo el lanzamiento de la vivienda habitual y se trate de personas pertenecientes a un determinado colectivo.

La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de las siguientes situaciones de especial vulnerabilidad:

  • a. Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

  • b. Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

  • c. Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

  • d. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

  • e. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

  • f. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

  • g. Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

Pero además de lo anterior, deberán concurrir las siguientes circunstancias económicas:

  • a. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2012 es de 532, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1597€.

  • b. Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

  • c. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

  • d. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

Asimismo, el Real Decreto, junto con el sector financiero, promoverá la constitución de un fondo social de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, destinado a ofrecer cobertura, en régimen de alquiler en función de los ingresos que se perciban, a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles

El Real Decreto Legislativo 5/2012, de 5 de Marzo de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se desarrolla dentro del Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012.

Su finalidad es contribuir a la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial, reduciendo la carga de trabajo de los tribunales al permitir a los ciudadanos solucionar sus litigios a través de un procedimiento de mediación, sin necesidad de resolución judicial.

La citada Ley es una norma de mínimos, es decir contiene disposiciones comunes sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, tales como:

El procedimiento de mediación se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos. Se excluye expresamente la mediación laboral, penal, en materia de consumo y la mediación con las Administraciones Públicas.

La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones judiciales. Así mismo durante el tiempo en que se desarrolle la mediación, las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación a ese mismo asunto. A estos efectos se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución de mediación.

Serán instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, su acceso y su administración incluida la designación y publicitación de los mediadores. Igualmente podrán asumir las funciones propias de la mediación las diversas Administraciones a través de sus instituciones o servicios de mediación, gestiones que al día de hoy ya vienen desempeñando.

La mediación es optativa y voluntaria, existiendo siempre la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria. Luego nadie, está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial.

La mediación es imparcial, el mediador no puede imponer solución o medida concreta alguna, se trata de acuerdo o pacto entre las partes. El mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea, y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

El plazo máximo para alcanzar la mediación es de dos meses, prorrogable por otro más.

Se establece que el acuerdo de mediación se equipare a un título ejecutivo, al igual que los laudos arbitrales

La dación en pago

Nuestro país atraviesa en los últimos tiempos una difícil situación económica, lo que está conllevando que muchas familias se vean imposibilitadas a hacer frente al préstamo hipotecario contratado en la adquisición de su vivienda habitual.

Por ello, el Gobierno a fin de intentar dar solución a este grave problema socio-económico ha aprobado el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de Marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en vigor a partir del 11 de Marzo del 2012. Esta nueva norma recoge una serie de medidas encaminadas a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria y la flexibilización de la ejecución de la garantía real.

Las medidas serán de aplicación a aquellas personas que se encuentren en el denominado «umbral de exclusión» es decir: todos los miembros de la familia carezcan de rentas; que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos de la familia; que carezcan de otros bienes o derechos patrimoniales; que el préstamo recaiga sobre la única vivienda en propiedad; que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías reales o personales, y en caso de que concurran garantías personales éstos se encuentren en la situación descrita en los dos primeros supuestos, y en el supuesto de que existan codeudores no integrantes de la unidad familia que estén en los tres primeros apartados.

A estos requisitos hay que añadir igualmente que el precio de la adquisición de la vivienda no supere:

  • Los 200.000€ en municipios de más de 1.000.000 habitantes.

  • Los 180.000€ en municipios de entre 500.001 y 1.000.000 habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes

  • Los 150.000€ en municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes.

  • Los 120.000€ en municipios de hasta 100.000 habitantes.

El modelo diseñado para este cometido es un código de buenas prácticas al que voluntariamente podrán adherirse las entidades de crédito y otras entidades cuya actividad sea la concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Este código recoge tres fases:

  • 1. Medidas previas a la ejecución de la hipoteca a través de un período de carencia en la amortización de capital, una reducción del interés durante cuatro años y la ampliación del plazo total del plazo de amortización hasta un total de 40 años.

  • 2. Medidas complementarias para el caso de que el paquete de medidas anteriores no hayan sido suficientes, basadas en la posibilidad de ofrecer las entidades al deudor con carácter potestativo una quita sobre el conjunto de la deuda.

  • 3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria para el caso de que ninguna de las medidas anteriores hayan surtido efecto, basadas en la dación en pago de la vivienda habitual con la liberación definitiva de la deuda y con la posibilidad de continuar en la vivienda durante un plazo de dos años, con el pago de una renta anual del 3% del total de la deuda en el momento de la dación.

La norma así mismo también modera los tipos de interés moratorios aplicables, así como la incorporación de las personas objeto de desahucio con posterioridad al 01.01.12 y aquéllas que hayan suscrito un contrato de arrendamiento a raíz de la dación en pago, a las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011.

Nueva Reforma Laboral

El 10 de febrero de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 3/2012, en vigor a partir del 13 de Febrero de 2.012. A continuación detallamos las novedades más relevantes:

Despidos procedentes:

  • La indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para todos los trabajadores.

  • Se entenderá como causa de despido procedente.

  • La existencia en la empresa de pérdidas actuales o previstas, o por la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, durante 3 trimestres consecutivos.

  • Las faltas de asistencia del trabajador, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Despidos improcedentes:

  • La indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades a partir de la entrada en vigor de la Ley, y de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades acumulables hasta el 13 de febrero de 2012.

Convenios colectivos:

  • Desaparición de la prórroga indefinida de los convenios colectivos. Habrá 2 años de plazo para renegociar uno nuevo o el convenio desaparecerá, pasando a estar regidos por el convenio de sector o por la ley general (el Estatuto de los Trabajadores)

  • Se da la posibilidad de que los empresarios se ?descuelguen? del convenio colectivo de ámbito superior por causas económicas. Si no hay acuerdo se decidirá por arbitraje

  • Los convenios de empresa prevalecerán sobre los convenios sectoriales

Nuevas contrataciones:

  • Los jóvenes menores de 30 años que sean contratados por una PYME tendrán un periodo de prueba de 1 año, además si nos encontramos con el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil euros en las cuotas de la Seguridad Social, y pudiendo sumar otros 3.600 euros si el menor de 30 años está en el paro.

  • Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores y que contraten jóvenes de menos de 30 años, tendrán una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por dichos trabadores, durante tres años. Estas consistirán en 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato. Si la contratación es de mujeres en sectores ?tradicionalmente? masculinos, las cuantías anteriores se incrementará en 100 €/año si son menores de 30 años.

  • Las empresas que contraten a trabajadores de más de 45 años que sean desempleados de larga duración, tendrán bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación, y si se trata de mujeres de más de 45 años en paro de larga duración que se contraten en sectores en los que este colectivo esté menos representado, la bonificación será de 200€ más.

  • En los casos en los que el trabajador contratado estuviese en una situación de desempleo, éste deberá haber percibido la prestación durante al menos tres meses.

Condiciones laborales:

  • Los empresarios podrán modificar las condiciones de trabajo por cuestiones económicas, técnicas, organizativas, competitividad o productividad.

  • Esto se traduce en cambios de horarios, turnos y cuantía salarial. De no aceptar las nuevas condiciones pueden rescindir el contrato con indemnización de 20 días por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

  • En cuanto al derecho a la formación, todos los trabajadores tendrán derecho a 20 horas anuales de formación pagadas por el empresario. Así mismo, se amplía a los 30 años de edad del trabajador el contrato de formación y aprendizaje, hasta que la tasa de desempleo baje del 15%.

  • En cuanto a la posibilidad de encadenar trabajos temporales, vuelve el máximo de 24 meses. Esta última medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013.

Detrás de un siniestro a Todo Riesgo, puede haber un responsable

En muchas ocasiones, nos limitamos a declarar un siniestro amparados por una garantía de daños (Todo Riesgo / Lunas / Robo / Incendio) sin tener en cuenta las verdaderas causas y circunstancias relacionadas con él.

Y cuando lo hacemos, no disponemos de todos los datos del responsable de los daños causados a su vehículo. Por eso, es muy importante que recabe el mayor número de datos posible que nos permita identificar al responsable y así podremos reclamar a la compañía contraria.

Es más ventajoso para usted ya que podrá evitar el pago de la franquicia (en caso de todo riesgo con franquicia) o la pérdida de bonificación.

Empleados del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social

A partir del 1 de enero de 2012 el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar quedará integrado en el Régimen General de la Seguridad Social mediante el establecimiento de un sistema especial de acuerdo con lo previsto en La Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

Para ello, en el plazo de 6 meses a contar desde el 1 de enero del 2012 los empleadores y las personas empleadas procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar que hayan quedado comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social deberán comunicar a la Tesorería General el cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General.

El objetivo es mejorar la acción protectora de los empleados de hogar, equiparándola a los trabajadores encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

La integración en el Régimen General se realizará de manera progresiva durante un período transitorio a partir del 1 de Enero de 2012.

Una de las modificaciones más importantes de la presente ley es el nuevo cálculo de la base de cotización, que se realizará en función de la retribución bruta mensual percibida por el empleado de hogar.

Resulta igualmente novedoso, la posibilidad de percibir por parte del empleado de hogar un subsidio a partir del noveno día en caso de baja por enfermedad común o accidente no laboral. Por otra parte, el empleador estará obligado al abono de la prestación desde el cuarto día al octavo, ambos inclusive.

Finalmente mencionar que se encuentra en fase de negociación aspectos relevantes que se prevén regular legislativamente, tales como: la forma de contrato, pagas extraordinarias, periodos descansos, posibilidad de indemnización por despido…

Retenciones e ingresos a cuenta aplicables a determinados rendimientos

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aborda en su Título IV una serie de medidas fiscales. Entre ellas la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Concretamente, en lo que respecta al cambio en los porcentajes de retención sobre determinados rendimientos, cabe destacar (sin perjuicio de lo establecido específicamente para los ejercicios 2.012 y 2.013 y que detallamos en el último párrafo), lo siguiente:

Con efecto 1 de septiembre de 2.012, los rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación están sujetos a un porcentaje de retención e ingreso a cuenta del 19%. Si los rendimientos se obtienen en Ceuta y Melilla con derecho a deducción en la cuota, según lo previsto en el artículo 68.4 de la Ley 35/2006, este porcentaje se reduce a la mitad.

Así mismo, con efecto 1 de septiembre de 2.012, el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales pasa a ser el 19%, y el 9% en el caso de contribuyentes que inician el ejercicio de la actividad (anteriormente el 15% y 7% respectivamente). Estos porcentajes se reducen a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley 35/2006, anteriormente mencionado.

No obstante se debe tener en cuenta que el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a este tipo de rendimientos del trabajo y de actividades profesionales, satisfechos o abonados a partir del 1 de septiembre de 2.012, con independencia de la fecha de emisión de la factura o prestación del servicio, y durante los períodos impositivos 2012 y 2013, se eleva al 21%. Por el contrario, los satisfechos o abonados hasta el 31 de agosto de 2.012, se mantienen al porcentaje de retención o ingreso a cuenta del 15% y 7%.

Modificaciones relativas al IVA

El 14 de Julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el RD 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Dicha disposición implica diversas modificaciones que afectan a varias materias, entre las cuales, cabe destacar el cambio en los tipos impositivos de IVA, que ha generado un fuerte impacto en la economía actual.

Las medidas fiscales adoptadas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido en vigor desde el 1/09/2012 afectan en gran medida a los tipos impositivos que estaban vigentes hasta la fecha, incrementándose los mismos a excepción del tipo superreducido, el cual se mantiene en un 4%. Quedan englobados dentro de este tipo superreducido, diversos alimentos considerados de primera necesidad, tales como el pan, harinas, quesos, huevos, frutas, hortalizas, legumbres, etc.

El tipo de gravamen general en cambio pasa del 18% al 21% (productos de higiene, cosméticos, corridas de toros, cesiones de uso y disfrute y el arrendamiento de bienes, tabaco y bebidas alcohólicas), así como el tipo reducido que pasa del 8% al 10% (gafas graduadas, lentillas, material sanitario, compra de vivienda, etc.).

A raíz de estas modificaciones es necesario resaltar que los suministros se están viendo afectados en buena medida al aumentarse los tipos de gravamen en dos o tres puntos según de cuál se trate, como por ejemplo la luz, el gas y el teléfono/Internet, por lo cual pasan a tributar al 21% del 18% anterior, mientras que el agua pasa del 8% al 10%

La principal novedad a destacar por su gran repercusión económica, radica en la subida que han experimentado determinados productos y servicios que antes tributaban al tipo reducido del 8% y que ahora pasan al tipo general del 21%. Entre ellos se encuentran los servicios de peluquería, el material escolar, las entradas a espectáculos, discotecas y salas de fiesta, flores y plantas ornamentales, gimnasios, y los servicios funerarios, entre otros.

Queda por ello modificada en gran medida la Ley 37/1992 de 28 de Diciembre que anteriormente regulaba el Impuesto sobre el Valor Añadido con el principal objetivo de aumentar la recaudación fiscal y conseguir alcanzar la estabilidad presupuestaria.

Novedades en el funcionamiento del Registro Civil

El pasado 21 de Julio se publicó la Ley 20/2011 del Registro Civil que entrará en vigor el mes de julio del año 2014. Este nuevo Registro Civil electrónico dispondrá de una base de datos única para toda España, con el objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos así como a las necesidades de la ciudadanía.

El nuevo modelo de Registro Civil se inspira en los valores constitucionales, y especialmente en el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido:

  • Se suprime la regla subsidiaria que confiere prevalencia del apellido paterno en caso de desacuerdo entre los progenitores.

  • Se pone fin a la diferencia entre hijos matrimoniales y no matrimoniales.

  • Se reconoce el derecho al cambio de apellidos a las victimas de violencia de género y sus descendientes.

Se operará con un código personal coincidente con el DNI, de tal forma que el ciudadano quedará liberado de aportar diferentes identificaciones en atención al ámbito en el que se desenvuelva. También es de resaltar la desaparición del Libro de Familia.

Actualmente para realizar determinadas gestiones (certificado de nacimiento, fe de vida, defunción…) se tiene que acudir al Registro Civil en el que se produce el hecho, pero en un futuro con este nuevo Registro automatizado, se podrá realizar la inscripción telemática independientemente de dónde se haya producido.

Concretamente a partir de la entrada en vigor de la Ley, serán los hospitales, clínicas y centros sanitarios quienes comunicarán en el plazo de 24 horas a la oficina del Registro Civil correspondiente los nacimientos que hayan tenido lugar en dichos centros. Por lo tanto desaparece la necesidad de personación física del padre y/o madre.

Igualmente, se garantizará el uso de las lenguas oficiales del Estado en la utilización del citado Registro.

Sin duda todo estas novedades y muchas más que se recogen en la ley, supondrá una comunicación más rápida, cómoda y fluida de la ciudadanía con el Registro Civil, así como entre los diferentes Registros y también entre las diferentes Administraciones Públicas.

Nueva Ley del Juego

Recientemente se ha aprobado la Ley 13/2011 de 27 de mayo de Regulación de la Ley del Juego, cuya finalidad primordial es regular las apuestas o juegos de azar on line, por móvil o por televisión interactiva, actividades que hasta el momento, a pesar de su proliferación en los últimos años, carecían de legislación alguna, generando una indefensión a los usuarios de los mismas, ya que únicamente se venían regulando las actividades desarrolladas en casinos o bingos.

La Ley define los distintos tipos de juego, requisitos a cumplir, prohibiciones, régimen de sanciones, todo ello, con el fin de evitar el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, proteger a los menores de edad, consumidores, ludópatas y a las personas que hayan negado su participación.

Asimismo, se crea un nuevo régimen fiscal que obligará a tributar a las empresas que lleven acabo este tipo de actividades, así como, a obtener la licencia correspondiente para el desarrollo de la actividad en nuestro territorio. La Lotería estatal no estará obligada a pagar este nuevo impuesto.

Finalmente, mencionar la creación de un nuevo órgano colegiado Consejo de Políticas, que garantizará la intervención de las Comunidades Autónomas en el ámbito de licencias, normativa y sistemas técnicos de control.

Impuesto del Patrimonio

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de Septiembre el Real Decreto-ley 13/2006 por el que se recupera el Impuesto de Patrimonio. El gravamen sobre el patrimonio no es un nuevo impuesto, de hecho nunca ha dejado de estar vigente, pero en el año 2.008 se estableció una bonificación del 100% en la cuota íntegra. Ahora, este tributo se reactiva eliminándose la bonificación hasta ahora existente, manteniéndose básicamente la estructura anteriormente contemplada con pequeñas modificaciones.

Lo que grava principalmente este impuesto es la suma de bienes mobiliarios e inmobiliarios de una persona: coches, casas, acciones, joyas, seguros de vida, participaciones en empresas, etc. Se trata de patrimonio neto, es decir una vez restadas las deudas, por ejemplo: al valor de una vivienda habría que descontar el préstamo hipotecario existente sobre la misma. Eso sí, los planes de pensiones y las obras de arte en algunos casos están exentas. Según esta nueva reactivación el contribuyente tiene que empezar a pagar cuando la suma del total supere los 700.00 euros netos.

La vivienda habitual tiene un tratamiento especial de tal manera que los primeros 300.000 euros de su valor están exentos (se ha duplicado la cifra anterior). Es decir, el valor patrimonial de la vivienda habitual a efectos de este impuesto, sólo empieza a computar en el total si se supera esa cota, si el valor de esa vivienda es inferior a 300.000 euros no suma nada por ella.

En el caso de núcleos familiares, la titularidad de bienes y derechos que sean comunes a ambos cónyuges será atribuida por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación, y se considera de forma individual a la hora de calcular la base imponible del impuesto.

Las Comunidades Autónomas que tengan cedida la gestión del tributo, podrán adaptarlo a sus necesidades y usar los fondos que consigan con él para los fines que deseen.

De momento, la medida es temporal, se ha establecido la obligación de pagar el impuesto durante los ejercicios 2.011 y 2.012. A partir de entonces, no hay nada establecido.

Medidas para la corrección del Déficit Publico

La disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales en septiembre de 2.011 impidieron la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.012. Si bien la Constitución resuelve esta ausencia declarando la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio anterior, dicha prórroga podría suponer ciertas disfunciones entre la normativa anterior y los requerimientos necesarios en la actualidad

Por ello, el Gobierno de forma urgente y por extrema necesidad dictó como disposición legislativa provisional el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. En este sentido, la norma regula expresamente materias que no han de quedar prorrogadas tal y como se recogieron en la norma presupuestaria anterior. Por su marcado interés social, a continuación detallamos algunas de las medidas previstas:

Se deroga la renta básica de emancipación de los jóvenes para ayuda al alquiler de vivienda. No obstante, sigue vigente para quienes la vienen disfrutando y aquéllos que la solicitaron antes del 31 de diciembre y que cumplan los requisitos establecidos.

  • Se establece una moratoria de un año en el calendario de aplicación progresiva de la Ley de Dependencia, en el sentido de posponer el acceso a los que sean reconocidos en el Grado I, dependencia moderada, nivel 2, hasta el 2.013; y los del nivel 1, hasta el 2.014.

  • Se retrasa la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas hasta el 1 de enero de 2.013, cuestión prevista en el ejercicio anterior para el 1 de enero de 2.012.

  • Se declara la revalorización general del 1% para las pensiones de la Seguridad Social, si bien, los beneficiarios de pensiones mínimas recibirán además un 1,9% más en un único pago, para corregir la pérdida de poder adquisitivo en 2.011 por la desviación del IPC.

  • Respecto a la vivienda, se prorroga la aplicación del 4% del I.V.A. como tipo impositivo reducido a la entrega de viviendas nuevas o de primera transmisión hasta el 31 de diciembre de 2.012 y se suprime la limitación de la cuantía de la base imponible, que debía ser inferior a 24.107,20 €, para poder practicar la deducción por inversión en vivienda habitual en el Impuesto de la Renta.

Así mismo, en cuanto al IRPF se contempla un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal y se incrementa la cuota de retención a los rendimientos de trabajo. El pago a cuenta de los rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales se eleva del 19 al 21 %.

Novedades relativas al Deshaucio

El 10 de Octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal. Dicha Ley supone varios cambios normativos relativos al procedimiento de desahucio, destacando sobre todo la mayor rapidez de dicho procedimiento frente a los inquilinos morosos.

  • Desde el 1 de noviembre de este año los juicios de desahucio por falta de pago se tramitarán por medio del sistema de juicio monitorio, siempre que se trate de deudas por debajo de los 250.000€. Ello implica un procedimiento más ágil y sencillo.

  • La novedad más importante radica en la nueva redacción del apartado 3 del art. 440 y la inclusión de un nuevo apartado 4; así, se establece que se requerirá al demandado, es decir, al inquilino moroso, para que en el plazo de diez días desaloje el inmueble, pague al demandante, o formule oposición.

  • Así mismo, el apartado 4 establece que en todos los casos de desahucio, si el demandado no comparece a la vista, se declarará el desahucio sin más trámite? quedando citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicta el sexto día siguiente al señalado para la vista.

Si la sentencia fuese condenatoria y no se recurriera, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin necesidad de notificación posterior.